Entrevistamos a Judith Sunderland, de Human Rights Watch, sobre la merma de los derechos civiles en Europa
Mundo Crítico: ¿Qué le parece la nueva ley de seguridad que impone el gobierno español ?
Judith Sunderland: Nos preocupa que la ley de seguridad ahora en preparación permitia a las autoridades eludir los tribunales para castigar la disidencia. El proyecto de ley impone multas extremadamente altas a las manifestaciones espontáneas (no notificadas ) y a las protestas que impidan a las autoridades llevar a cabo sus órdenes administrativas o judiciales, como un desalojo. Es particularmente preocupante que el proyecto de ley sitúe a los organizadores de la protesta, vagamente definidos como «inspiradores», como responsables de los actos ilegales de los participantes.
Es sorprendente darse cuenta de que España propone esta ofensiva contra los vibrantes movimientos sociales del país en el momento en que decenas de miles de personas salen a la calle en Ucrania para exigir el acercamiento a Europa.
Organizada , la protesta pacífica es un sello distintivo de una sociedad democrática y el derecho internacional de los derechos humanos establece un alto umbral para prohibir o castigar las manifestaciones públicas . Incluso no autorizadas, molestas u ofensivas, las protestas pacíficas pueden ser perfectamente legítimas. El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación Maina Kiai recomienda que los países permitan las protestas espontáneas, y que los organizadores no sean considerados responsables de los actos de los demás.
Es evidente que la crisis económica en Europa está teniendo un impacto negativo en los derechos civiles
M.C: ¿Crees que hay una relación directa entre las medidas de austeridad adoptadas por los gobiernos y las leyes de este tipo?
J.S: El proyecto de ley establece multas para una amplia gama de conductas, pero se ve claro que el verdadero objetivo es la protesta pública. Ha habido una gran cantidad de manifestaciones estridentes, perturbadoras, pero pacíficas en los últimos cinco años, muchas de ellas en protesta por las medidas de austeridad y, por lo general, contra la forma en que el gobierno está manejando la crisis económica. Los escraches llevados a cabo a principios del año pasado por la Plataforma de Víctimas de la Hipoteca (PAH) parecían irritar especialmente al gobierno, dando lugar a multas y demandas en contra de los participantes , y a que los funcionarios electos llamaran a los activistas de la PAH y a sus miembros de todo, desde terroristas hasta nazis .
M.C: ¿Están siendo amenazados los derechos humanos en Europa a causa de la crisis?
J.S: Es evidente que la crisis económica en Europa está teniendo un impacto negativo en los derechos, que afecta a los derechos sociales y económicos , pero también a los derechos civiles y políticos como los derechos a la libertad de expresión y a la asociación . En muchos países de la UE también estamos viendo un aumento de la xenofobia, con partidos anti -inmigrantes explotando los miedos de la gente a la actual situación económica para orientarla contra los migrantes y solicitantes de asilo.
M.C: Por último : ¿Qué piensa usted acerca de la polémica que se está produciendo en España a causa de la valla con cuchilla construidaa en Melilla ? ¿Cuál es la posición de la Human Right Watch?
J.S: Todos los países tienen el derecho de proteger sus fronteras, pero no pueden hacer esto de una manera que ponga activamente a las personas en peligro , o de una manera que impida que los solicitantes de asilo y otras personas necesitadas de protección accedan a su territorio. Desde una perspectiva política , las vallas como las de Melilla no sirven realmente para alcanzar su objetivo, porque la gente o tratará de escalarlas o buscará otros caminos, potencialmente más peligrosos, para entrar en el país . El poner cuchillas en las vallas sólo hace más probable que la gente se haga daño. Así que no es ni eficaz ni humano.
Judith Sunderland es Acting Deputy Director Para Europa Central y Asia de Human Right Watch
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